Como hay crisis y el déficit público se ha convertido en un termómetro de esa fiebre económica a los ojos de los mercados financieros, el Partido Popular es el gran abanderado de modificar la Constitución para poner coto a un instrumento que, bien administrado, también fue a veces positivo para la economía y el Estado de bienestar. En cambio, como hay crisis, según el PP no hay que modificar ahora el Estatuto de Galicia. Cuando menos, las posiciones de los conservadores son contradictorias.

En España ya no basta con que el techo del déficit se fije en la ley de estabilidad presupuestaria. Nada menos que se movilizará a las tres quintas partes de los diputados y los senadores, básicamente socialistas y populares, para que lo escriban en la Carta Magna, mediante un añadido al articulado, ya que la actual Constitución no contiene referencias a algo tan concreto como el déficit público. En Galicia, por el contrario, parece que ese tipo de asuntos no va con los gallegos.

Escuchando el discurso del PP da la impresión de que la Constitución es una herramienta política y económica de primera magnitud, lo cual es evidente, mientras que el Estatuto parece una especie de cosa rara, cuando en el ámbito de Galicia es el instrumento más potente del autogobierno. Dicho de otro modo, Alberto Núñez Feijóo tiene el poder político y económico que tiene gracias al Estatuto de Autonomía, cuya actualización parece imprescindible, como él mismo ha reconocido en otros momentos. También, por supuesto, para luchar a favor del bienestar de los gallegos. ¿O alguien piensa que el Estatuto es otra cosa, una especie de librillo con letras doradas sobre pastas duras, al que veneran los nacionalistas y los autonomistas izquierdosos, que lo utilizan para buscarle las cosquillas y, ya puestos, las contradicciones al PP?

Este tipo de pedagogía política es dañina para el autogobierno, porque puede haber gente que se crea ese discurso simplista según el cual el Estatuto es incompatible con las prioridades del momento. Por eso tiene tanto valor que también desde el PP voces como la de Rafael Cuiña -hijo del ex número dos del PP de Galicia- salgan a la palestra para decir que justo el nuevo Estatuto debe definir los pilares de la recuperación y la futura relación de Galicia con el Estado. Sin embargo, la voz de Cuiña se está quedando sola en el PP, incluso ahora que EL PAÍS ha confirmado que la Xunta abandonó definitivamente la idea de presentar un texto de reforma del Estatuto en esta legislatura. Como mucho, parece que puede haber un gesto cuando ya expire el mandato de Feijóo, de manera que, en resumidas cuentas, no habrá nuevo Estatuto antes de 2013. Una mala noticia para Galicia y no solo para el PSdeG-PSOE y el BNG, fuerzas claramente favorables a revisar el Estatuto del 81.

Por desgracia, el rosario de contradicciones de la política española no se queda ahí. Resulta que ahora reforman la Constitución y se olvidan otra vez de algunas cosas que todos creíamos ampliamente consensuadas, como la reforma del Senado, de modo que sirva para algo; la inclusión de una referencia al Tratado de la UE; la mención de los nombres de todas las comunidades autónomas, y la eliminación de la discriminación de las mujeres en el acceso a la jefatura del Estado. Es más, si el problema de España es la deuda privada y no la pública, como sabe ya cualquier persona medianamente informada, ¿a qué viene hacerle creer a la ciudadanía que el cáncer del país es el sector público, cuando eso es una tremenda falsedad? ¿o acaso pondrán en la Constitución un límite al sobreendeudamiento del sector privado, es decir, el de los bancos y cajas, las empresas y las familias? ¿a quién pretenden engañar?

Es probable que la crisis, de un calado extraordinario, haya alterado al conjunto de la clase política, pero circunstancias tan extraordinarias deberían aconsejar precisamente mayor profundidad en los análisis políticos y económicos y, en el peor de los casos, eludir las contradicciones. Las de todos: las del PP en Galicia y las del PSOE en España. En este sentido, al PSdeG también se le abre una oportunidad para marcar su agenda política con criterios propios, máxime cuando su calendario en Galicia tiene la vista puesta en 2013, si es que no hay adelanto a finales de 2012.

> EL PAÍS 26-08-11