Alemania, que ya ha salido de la crisis, ni se ha cuestionado su estructura federal ni sus cajas de ahorros y bancos regionales, estrechamente ligados a su economía productiva. Al contrario, inyectó más de 450.000 millones de euros en su sistema financiero regional, cifra que multiplica por más de 20 la cantidad que podría dedicar España al conjunto de su sistema financiero. ¿Por qué nos estamos cargando entonces en España lo que podríamos llamar nuestra banca social y territorial, al tiempo que miramos a las autonomías como si ellas fuesen las grandes culpables del endeudamiento y del despilfarro?

En el caso de las cajas españolas, su problema es de capitalización, que se debe, entre otras cosas, a las dificultades para acceder a los mercados mayoristas, donde en los años del boom inmobiliario se financiaban con las mismas alegrías que luego prestaban dinero a sus clientes, fueran o no solventes. Dicho de otro modo, no tienen dificultades aquellas cajas que, como las vascas, siguieron pegadas a su terreno, mientras que quedaron en fuera de juego aquellas otras que hicieron una expansión incontrolada. El problema es que ahora la banca encuentra el terreno abonado para presionar al Gobierno y al Banco de España para acorralar al conjunto del sector de cajas, que representa la mitad del sistema financiero. En definitiva, que lejos de luchar por mantener entidades financieras regionales pegadas al terreno, vamos hacia un modelo de concentración financiera en manos de bancos privados, cuyas consecuencias para muchos territorios podrían ser graves a medio y largo plazo.

Otro revés importante para el desarrollo regional, decisivo para la cohesión económica y social de España, es el ataque sistemático a las autonomías. Digásmolo claro: es falso que las comunidades, salvo excepciones, tengan un gran endeudamiento. Del mismo modo que es mentira que España tenga una deuda insoportable en función de su PIB. El problema español es de déficit presupuestario –hay menos ingresos– y de coste de la deuda, algo que por cierto tiene relación directa con el verdadero problema del endeudamiento del país; es decir, las deudas de bancos y cajas, de las grandes empresas apalancadas y también de las familias hipotecadas. Una cosa es que el Estado ponga la cara por el riesgo país y otra muy distinta es que el grueso del endeudamiento sea de sus administraciones públicas.

El Gobierno de Zapatero ha tardado mucho en hacer frente a la crisis y no la ha sabido explicar, de modo que ni siquiera hay un diagnóstico compartido sobre lo que está pasando, que es muy grave. Pero no para quienes tanto cacarean haciendo demagogia y confundiendo a la gente, sino para aquellos que están en paro o para aquellas familias que tienen a todos sus miembros sin empleo. La solución para los casi cinco millones de personas sin trabajo no será inmediata y empezará a llegar cuando el PIB crezca por encima del 2,5%, lo cual sugiere pensar en que punto y medio de ese crecimiento lo aporten las exportaciones y el resto, el mercado interno, cuando se reactive el crédito. No volverá el empleo perdido en la construcción pero sí el de las manufacturas y los servicios. Por eso es tan importante que las empresas vuelvan a tener gasolina –léase crédito–, que la productividad permita relanzar las exportaciones y que el mercado interno recupere su pulso.

El Gobierno de Feijóo haría bien en trabajar sobre estos escenarios, incentivando el crecimiento, en vez de hacer dejación de funciones. La clave no es repartir entre los amigos el presupuesto de la Xunta, sino generar riqueza, para lo cual son indispensables medidas que contribuyan a que las industrias gallegas vendan más fuera de Galicia.