Estos días se mantienen en el ambiente político y financiero dos noticias, la posible intervención de Portugal y la privatización de las cajas españolas, que en el fondo van unidas. Del mismo modo que había sucedido en las jornadas previas a los rescates de Grecia e Irlanda, se suceden los rumores que hablan de que Portugal tendrá que recurrir al mecanismo de rescate europeo, lo que significa la aceptación de una intervención externa que incluirá también el Fondo Monetario Internacional (FMI). El interés español por lo que pueda pasar en Portugal se explica por la vecindad, de manera especial en Galicia, pero sobre todo por el temor al contagio y a la repercusiones que tendría para las numerosas e importantes empresas y entidades financieras españolas implantadas en Portugal. En cuanto a las cajas, parece que hay menos alarma, pero la preocupación del Banco de España y del Gobierno no es menor.

El momento para hacer esta acelerada reforma de las cajas en crisis no ha sido elegido. Más bien todo lo contrario: es un imperativo de la crisis. Ni siquiera sería exagerado decir que los problemas de las cajas son una de las causas de la propia crisis, que por si fuera poco nos asoma, en el mejor de los casos, a un proceso de estancamiento, con tasas previstas de crecimiento muy bajas –del 0,5% al 1,5%–, quizá durante bastante tiempo. El endeudamiento de las cajas, sumado al de las empresas y al de las familias está en la raíz del llamado problema español, que, como puede observarse, no solo reside en el déficit público, por muy alto que este sea en instituciones gobernadas por partidos de todos los colores, con el PSOE y el PP a la cabeza. Medida en términos del PIB, la deuda pública de España es inferior a la media de la zona euro. En cambio, el déficit público, que expresa la diferencia entre los ingresos y los gastos anuales, se ha acelerado en poco tiempo y está muy por encima de la media de la eurozona. Pero el problema de España no solo está en sus cuentas públicas, sino también en las privadas. Otra cosa es que el bono español pague las consecuencias.

Cada vez que se encienden las alarmas en países como Portugal o España, incluso en Bélgica o Italia, es porque hay dificultades para atender los vencimientos de la deuda o para conseguir refinanciarla a tipos de interés normales, lo cual nos retrotrae el problema inicial: primero la recesión y ahora el bajo crecimiento no dan de sí lo suficiente para hacer frente a tanto endeudamiento, al tiempo que dificultan la creación de empleo. Por eso no desaparece el nubarrón de la temida intervención, que ya estuvo a punto de producirse el fin de semana del 7 y 8 de mayo, lo que obligó a Zapatero a rebajar el sueldo de los funcionarios un 5%, a congelar las pensiones –excepto las mínimas– en el 2011 y a reducir la inversión pública en 6.000 millones de euros. El objetivo es alcanzar un déficit del 3% en el 2013, de modo que permanezcan bajo control los intereses que paga la deuda española en los mercados financieros. La clave está en conseguirlo sin excesivos daños colaterales.