El cambio que está gestándose en España volverá a ser histórico. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, la cara del nacionalismo catalán en Madrid, ha retado al PSOE y al PP a reabrir el debate sobre el número de autonomías, con una propuesta en la mano: retornar a la vieja división de comunidades históricas y resto de regiones. Casi en paralelo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha advertido al PSOE y al PP de que Cataluña deberá quedar excluida de sus planes de armonización y homogeneización del Estado autonómico; máxime una vez que el PP, partido que lanzó el debate, pretende devolver al Estado competencias autonómicas si Mariano Rajoy gana las próximas elecciones. En el PSOE, el presidente Rodríguez Zapatero ha pedido a sus compañeros que aceleren las reflexiones sobre cómo se pueden ahorrar costes y solucionar duplicidades para mejorar la colaboración entre las 17 comunidades. Es su manera de contrarrestar a Rajoy sin eludir la cuestión de fondo.

También va tomando cuerpo el debate sobre la desaparición de las diputaciones, la concentración de ayuntamientos y se supone que ni unos ni otros se olvidarán de la reforma del Senado. Pase lo que pase tras este debate inacabado pero ya muy abierto, todo parece indicar que la España del futuro será distinta de la que conocemos hoy. A este paso, la crisis va a llevarse por delante la estructura político-administrativa y también la financiera, ya que las cajas de ahorros, la mitad del sistema, van a ser privatizadas y convertidas en bancos.

Cualquier niño sabe en Cataluña, en Euskadi o en Galicia que esas comunidades no son exactamente regiones sino nacionalidades. Naciones, si prescindimos de los eufemismos. La Constitución española también lo sabe, aunque no lo precisa explícitamente, porque las autonomías, aunque algunos no lo recuerdan, no existían cuando se redactó la Constitución de 1978. Se hizo para que existieran, pero no existían. Por eso mismo, el planteamiento de CiU no deja de tener su fundamento histórico, puesto que Cataluña, País Vasco y Galicia ya disponían de estatuto antes de la Guerra Civil. También sigue teniendo razón Manuel Fraga: el problema territorial es el gran asunto pendiente en España. Los otros tres, la forma de Estado –monarquía o república–, la cuestión religiosa y el modelo económico, puede que se discutan, pero no están en la agenda inmediata.

A Galicia, todo esto le coge bastante mal y sin ideas claras. Ni ha reformado su estatuto ni se observa consenso suficiente para ello entre sus tres grandes fuerzas políticas, lo cual puede debilitar sus propias posiciones ante la que se les viene encima. Y lo peor de todo es que se le viene encima a Galicia. Quizá sus condicionantes de la transición aún los esté pagando, en parte debido a la ruptura de la continuidad histórica del Partido Galeguista y en parte como consecuencia de haber articulado partidos de poder –UCD y AP-PP– sobre las bases del régimen anterior, sin que la izquierda tradicional –socialistas y comunistas– y los nacionalistas fuesen capaces de romper ese cerco.