Un editorial de Xornal advirtió a sus lectores de la manipulación que primero Feijóo y después su conselleira Farjas pretendieron hacer al hilo de las recientes resoluciones judiciales sobre la suspensión de la regulación legal del catálogo de medicamentos en Galicia. También se puso de relieve en este diario que el calendario hizo coincidir las decisiones de dos tribunales, en el fondo contradictorias, en las que ojalá no haya que lamentar injerencias políticas, ya que la plena separación de poderes debe trascender de los enfrentamientos judiciales del Gobierno central y el autonómico, preservando en consecuencia la independencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Constitucional, coprotagonistas de la polémica.

El posicionamiento público del Ejecutivo gallego resulta preocupante porque revela un palmario desconocimiento de cómo funciona la separación de poderes. Y no se trata en este caso de una mera salida de tono del portavoz del PP, sino del propio presidente de la Xunta, que es la máxima autoridad del Estado en la comunidad autónoma. También es grave que una conselleira del Gobierno de Galicia convoque una rueda de prensa para anunciar un velado desacato al Tribunal Constitucional. A veces este tipo de asuntos pasan un tanto inadvertidos, pero son esenciales para la democracia. De hecho, esta preocupación puede devenir en un peligro para las libertades y derechos de todos los gallegos, de modo que sería deseable que de las manifestaciones del presidente de la Xunta, agradeciendo al TSXG el respaldo legal –por lo demás, inexistente– a su catálogo de fármacos, no pudiera intuirse alguna suerte de connivencia o comunicación más que fluida entre responsables del mencionado tribunal y el actual Gobierno gallego.

Los datos que ponen de manifiesto las biografías de ciertos magistrados tampoco son del todo tranquilizadores a la hora de despejar algunas dudas. Por el contrario, la historia nos demuestra que las buenas relaciones con el Partido Popular de Galicia han servido para la promoción de algunos de ellos, que han ocupado importantes cargos en el Consello Consultivo, el órgano superior de asesoramiento jurídico de la Xunta, e incluso en alguna que otra institución.

Para que no haya dudas, nada mejor que el imperio de la Ley. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es el órgano jurisdiccional en donde culmina la organización judicial de Galicia, “e perante o cal se esgotarán as sucesivas instancias procesais”, según dice el artículo 21 del Estatuto. También se apunta en el 22.1 c que la competencia del TSXG se extiende a “tódalas instancias e grados, cando se trate de actos dictados pola Xunta e pola Administración de Galicia, naquelas materias que lle corresponda lexislar en exclusiva á Comunidade Autónoma e as que, segundo a Lei da citada xurisdición, lle correspondan en relación cos actos dictados pola Administración do Estado en Galicia”. Eso y no otras cosas es lo que esperan los ciudadanos. Tanto de la Xunta de Galicia como del Tribunal Superior de Xustiza.